Dos tareas del gobierno Petro para hacer realidad la producción del cáñamo industrial en Colombia
Con el nuevo marco legal se busca desarrollar un sector agroindustrial que además de los beneficios económicos, se convierte en una opción viable para la sustitución de cultivos ilícitos en el país
Bogotá D.C., 22 de junio de 2022.- Tras la elección presidencial del pasado 19 de junio en Colombia y la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el nuevo gobierno tiene dos tareas que deberá priorizar para hacer realidad la producción del cáñamo con fines industriales y científicos en el país.
“El gobierno entrante debe terminar la reglamentación de la Ley del Cáñamo e incluirlo en su Plan de Desarrollo, para que el cáñamo sea considerado de interés nacional y que pueda convertirse más allá de una causa país, en una marca país”, dijo a Hierbabuena Revista, Anderson Guerrero, asesor programático en el Senado de la República y miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo que formuló la iniciativa.
Guerrero hace referencia a la Ley 2204 del 10 de mayo de 2022, con lo cual entró en vigencia la Ley del cáñamo en Colombia, una iniciativa que establece el marco legal para el uso de la fibra y el grano de las variedades de cannabis, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol, THC, sea igual o menor al 0.3%.
De acuerdo con el asesor legislativo, el nuevo marco legal para el aprovechamiento del cáñamo favorecerá el desarrollo de un sector agroindustrial que traerá beneficios económicos y sociales a todas las regiones del país, además de ser en una opción viable para la sustitución de cultivos ilícitos en el país.
“Se concibió que el cáñamo sea una alternativa de sustitución de cultivos para los campesinos que quieran hacer uso de otra opción diferente al cacao, que tarda de siete a nueve años su cosecha, por lo que es una alternativa de sustitución inviable, mientras que el cáñamo se cosecha en el mismo tiempo que la hoja de coca, hasta cuatro veces por año y en los mismos pisos térmicos”, destacó Guerrero.
Además, resaltó que la norma buscó desde un inicio eliminar las restricciones de manejo que tiene una sustancia controlada, para abrir el acceso bancario y reducir al máximo los requisitos establecidos por el Decreto 1787 del 2016 en su momento, y el Decreto 811 de 2021 que reglamenta el licenciamiento de cannabis medicinal e industrial en el país.
Según explicó Guerrero, el nuevo marco legal elimina los trámites de licenciamiento para el aprovechamiento del grano y la fibra del cáñamo en el territorio nacional, además de facilitar la bancarización de las empresas y personas naturales involucradas y dar acceso al financiamiento de proyectos productivos en el sector emergente.
“La Ley del Cáñamo nos permite tener acceso directo a productos y servicios financieros, incluyendo entidades como Finagro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco agrario y otras entidades como Procolombia para la exportación del cáñamo, gracias al hecho que los bancos ya no tienen argumentos para negar la apertura de cuentas o financiación de proyectos para el sector del cáñamo con fines industriales y científicos”, enfatizó.
Ahora las entidades responsables de reglamentar e implementar la Ley 2204 de 2022, son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los temas relacionados con el cultivo y producción del cáñamo, mientras que la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación es la responsable de aterrizar la ley en términos de paz y sustitución de cultivos.
Vale la pena destacar que, así como lo mencionó el propio Guerra, el cáñamo se perfila como un sector agroindustrial de peso en la economía nacional y producto insignia del país, no sólo por las divisas que este puede generar, sino también por los consensos que ya ha logrado desde todas las visiones políticas en el contexto nacional.
“Esta Ley fue posible gracias a un consenso entre todos los partidos políticos que integran el Congreso de la República, todos los partidos participaron”, destacó el asesor legislativo y finalizó diciendo “lo que nos permitió garantizar una votación unánime en sus cuatro debates legislativos, por dos años y medio que duro el trámite, ni un voto en contra, casi ningún proyecto de relevancia pasa de esa manera, siempre hay alguna objeción, este proyecto fue hecho con consensos”.
